La discusión de la nueva institucionalidad indígena otorga una oportunidad para perfeccionar la normativa vigente. Debiera impulsar cambios a nivel administrativo, que respondan a las realidades de los pueblos indígenas, junto con aportar una jerarquía dotada de potestades y recursos.
Uno de los puntos relevantes debiera ser la representación política de los Pueblos Indígenas y el rol de Conadi. Este organismo público se encuentra altamente deslegitimado por la dualidad de roles que desempeña: por un lado es el representante de la administración de turno, que debe negociar con comunidades, asociaciones y personas indígenas; y por otro, es el máximo órgano de representación indígena. Nuestros estudios señalan que el 11,7% de los encuestados declara haber sufragado en las últimas elecciones del Consejo de Conadi.
Otro tema que necesita una revisión es el mecanismo de compra de tierras. La normativa ha dado pie a irregularidades, negocios y ha validado la violencia como mecanismo para lograr la compra de tierras por parte del Estado, toda vez que la mayor parte de los recursos que se destinan a estos fines, son a tierras en conflicto. De acuerdo a lo establecido por estudios de nuestra fundación, el 81,6% de los mapuches de La Araucanía considera ilegítimas las acciones violentas para recuperar tierras, acciones que como organización también repudiamos.
Creemos que, en paralelo a la creación de una nueva institucionalidad, se debe avanzar en aspectos que contribuyan a construir una sociedad intercultural, como son el reconocimiento constitucional y la promoción de las lenguas indígenas, la definición consensuada con los pueblos respecto de los mecanismos de participación, el establecimiento de alternativas que permitan el desarrollo sostenible y la habitabilidad de las tierras indígenas, entre otros.
Lorenzo Dubois
Presidente Fundación Aitue
